Incumplimiento del deber de información

Gastón Dell’ Oca

RCyS 2011-IV, 109.

I. Introducción.- II. El fallo.- III. Actuaciones de oficio de la autoridad de aplicación.- IV. Reglamentación del art. 4 de la ley 24.240.- V. El retiro de productos del mercado.- VI. Incumplimiento de la obligación legal.- VII. Conclusión.

 

I. Introducción 

La sala V de la Cámara Nacional de Apelaciones Contencioso Administrativo Federal dictó recientemente un fallo que nos resulta interesante comentar por la trascendencia del hecho involucrado. En la causa caratulada “Volkswagen Argentina S.A. c/DNCI – Disp. 317/08″ confirmó la resolución administrativa dictada — aunque no el monto de la multa fijada—  por la Dirección Nacional de Comercio Interior por una infracción al art. 4 del Decreto reglamentario 1798/94 de la Ley de Defensa del Consumidor. Ello por cuanto la automotriz no informó a los consumidores mediante avisos publicitarios suficientes ni a la autoridad de aplicación respecto de la peligrosidad que presentaban los vehículos Bora y Golf comercializados durante los años 2001 y 2002.

Observamos cada vez con más frecuencia como empresas multinacionales enfrentan situaciones adversas, relacionadas con los productos que comercializan, de formas muy diferentes. Nos referimos expresamente a la conducta que asumen ante el conocimiento de que han fabricado y vendido productos que contienen vicios. Queda expuesto en el fallo que comentamos que las empresas multinacionales no encaran estos acontecimiento de idéntica manera en los diferentes países donde comercializan sus productos viciosos.

Lejos estamos de querer evaluar las diferentes conductas asumidas por estas empresas, y hasta consideramos que en ciertas circunstancias es recomendable que se actúe en forma diferenciada ante un hecho similar ocurrido en escenarios diferentes. Sin embargo, estas deben ser fuertemente sancionadas cuando no se respeta la seguridad y la integridad física de los consumidores. Más aun cuando se lo protege de forma deficiente en uno y no en otro país.

Aunque parezca extraño que una empresa multinacional decida informar en otros países y no en el nuestro sobre ciertos riesgos que corren los consumidores utilizando uno de los productos que comercializa, esto es muy frecuente. Estimamos que esta conducta se encuentra motivada por varias razones. En primer lugar por la falta de control que las autoridades de nuestro país ejercen sobre este tipo de empresas, su actividad y los productos que comercializan. En segundo lugar, porque las consecuencias que sufren por su incumplimiento son escasa, sino nulas, lo que las lleva sistemáticamente a incumplir. En último lugar, la interpretación que le ha dado nuestra jurisprudencia a este tipo de prácticas las desalienta.

II. El fallo 

A. Antecedentes.

Un particular denunció a la automotriz Volkswagen ante la ex Subsecretaría de Defensa de la Competencia y de Defensa del Consumidor dependiente del entonces Ministerio de Economía y Producción de la Nación debido a las deficiencias que presentaba el sistema de ABS en su vehículo Volkswagen Golf. Refirió el particular en su denuncia que tuvo un accidente cuya causa imputaba a una falla en el sistema de frenado referido. En su escrito, planteó que la empresa conocía los defectos en el sistema de frenado y nada hizo al respecto, ocultando así el defecto. Refirió que en febrero de 2002 la empresa Volkswagen do Brasil emitió un comunicado en el que se informaba a los usuarios de los vehículos de esa marca, modelos Golf, Bora, New Beetle y Audi A 3 que debían ser llevados a un concesionario oficial a efectos de proceder a la inspección y eventual sustitución de los componentes de la unidad de control de frenos ABS. Ello, en atención a una falla detectada por la casa matriz.

A raíz de la denuncia deducida por el particular, la autoridad nacional de aplicación decidió extraer copias certificadas de la causa para investigar presuntas infracciones a la Ley de Defensa del Consumidor ocurridas en el ámbito nacional, y así sancionar a la empresa proveedora. El acto administrativo apelado imputa a la automotriz el incumplimiento del art. 4 del Decreto N° 1798/84, reglamentario de la Ley 24.240 que pone en cabeza de los proveedores de cosas o servicios que, posteriormente a la introducción de los mismos en el mercado de consumo, tengan conocimiento de su peligrosidad, deberán comunicar inmediatamente tal circunstancia a las autoridades competentes y a los consumidores mediante anuncios publicitarios suficientes. Destacó que el proveedor tuvo conocimiento de la peligrosidad de los vehículos comercializados con posterioridad a su introducción en el mercado y no actuó en consecuencia, comunicando tal circunstancia a las autoridades competentes y a los usuarios. Además, se consignó — entre otras cosas—  que el defecto fue maliciosamente ocultado y negado por el proveedor pese a conocerse el mismo, puesto que Volkswagen solo se limitó a notificar a los usuarios con la simple remisión de notas varios meses después a que la empresa conociera el defecto. En consecuencia, sancionó a la automotriz con la multa máxima vigente ($ 500.000). Además le ordenó publicar dicho acto administrativo en los diarios Clarín y La Nación.

B. La decisión que comentamos.

Apelada la sentencia, fue llamada a decidir la Sala V de la Cámara Nacional Contencioso Administrativa Federal. Adelantamos que la decisión de la Alzada fue confirmatoria de la infracción dispuesta en anterior instancia. Sin embargo, resolvió devolver las actuaciones a la autoridad administrativa a fin de que fije una multa con arreglo a lo previsto en el art 47 inc. b) de la ley 24.240.

La decisión de la Cámara giró en torno a tres aspectos básicos, a saber: a) violación del principio non bis in ídem; b) la infracción imputada al proveedor; y c) la graduación de la multa.

a) En cuanto a la violación del principio non bis in ídem sostuvo el tribunal que en el caso iniciado por el particular se decidió sobre el incumplimiento contractual entre el particular y la automotriz por presuntas fallas de fabricación del vehículo, mientras que en la causa cuyo fallo comentamos la sanción fue motivada por el incumplimiento de la obligación emergente del art. 4 del Decreto N° 1798/84, reglamentario de la Ley 24.240, la cual va más allá de un contrato particular, afectando a un gran número de consumidores. En consecuencia, determinó que los hechos sancionados en uno y otro expediente fueron distintos y que no correspondía la aplicación del principio.

b) En cuanto a la infracción imputada a VW el falló analizó dos cuestiones. En primer lugar sostuvo que de la prueba producida en las actuaciones administrativas se advertía que la falla en el sistema de ABS aumentaba la peligrosidad del vehículo. Ello por cuanto, si bien el dispositivo ABS se desconecta ante una falla quedando en funcionamiento el sistema de frenos convencional, quienes la sufren se encuentran con un riesgo adicional no previsible — la falta de ABS— , lo que torna el vehículo más peligroso. Para arribar a esa conclusión, se tuvo en cuenta un informe del INTI y un boletín del fabricante que informaba sobre el defecto y sugería la revisión del sistema de ABS “por motivos de seguridad”, añadiendo que en caso de que el usuario lo condujera en las “condiciones actuales” lo hacia “bajo su propio riesgo”.

En segundo lugar el tribunal consideró que la norma infringida manda comunicar en forma inmediata a las autoridades competentes y a los consumidores sobre la peligrosidad detectada. Si bien da cuenta el fallo de que existieron notificaciones personales a posibles afectados, no se justificó la falta de notificación a las autoridades competentes.

c) Por último, la sentencia deja sin efecto la sanción administrativa al considerar que el acto solo brindó pautas cualitativas para determinar la multa sin dar precisión alguna desde el punto cuantitativo. Recuerda el tribunal que a la época de la sanción se encontraba vigente el art. 47 en su redacción originaria, la que consideraba que la multa debía fijarse entre $ 500 y $ 500.000 “hasta alcanzar el triple de la ganancia o beneficio ilegal obtenido por la infracción”. En consecuencia, mando devolver las actuaciones a la autoridad administrativa para que fije una multa con arreglo a lo establecido en la ley.

III. Actuaciones de oficio de la autoridad de aplicación 

No es habitual observar una actitud proactiva de la autoridad de aplicación para iniciar sumarios tendientes a identificar infracciones a la ley 24.240 a partir de denuncia iniciadas por los particulares. Consideramos que es una forma eficaz de corregir conductas que afectan a un cierto grupo de consumidores y aplicar las sanciones correspondientes. Recordemos que esta facultad se encuentra prevista expresamente en el art. 45 de la ley al decir que “la autoridad nacional de aplicación iniciará actuaciones administrativas en caso de presuntas infracciones a las disposiciones de esta ley, sus normas reglamentarias y resoluciones que en consecuencia se dicten”, de oficio o por denuncia de un particular. La autoridad local tiene idénticas facultades conforme lo dispone el art. 41 de la misma ley, más allá de las normas que a nivel local fueron dictadas o sancionadas, como por ejemplo la ley 13.133 de la Provincia de Buenos Aires. Desde estas líneas alentamos este tipo de conductas de la autoridad de aplicación, más aun en los casos en donde el consumidor se enfrenta a un ocultamiento por parte del fabricante de vicios en sus productos que los tornan peligrosos para el consumidor.

IV. Reglamentación del art. 4 de la ley 24.240 

En principio, la responsabilidad primaria de la inocuidad y aptitud de los productos para consumo humano es de la empresa que los elabora. En consecuencia, si un fabricante toma conocimiento o tiene motivos para creer que existe un potencial peligro en un producto propio, deberá tomar las medidas necesarias para proteger a la salud pública.

Hasta la sanción del decreto 1798/94 no existía norma general en nuestra legislación que previera que un fabricante u otro integrante de la cadena de comercialización de un producto debía informar sobre su peligrosidad una vez introducidos en el mercado. Indica el art. 4 del citado decreto — que reglamenta los arts. 4. 5 y 6 de la ley 24.240—  que “los proveedores de cosas o servicios que, posteriormente a la introducción de los mismos en el mercado de consumo, tengan conocimiento de su peligrosidad, deberán comunicar inmediatamente tal circunstancia a las autoridades competentes y a los consumidores mediante anuncios publicitarios suficientes”.

Si bien la sanción de dicha norma fue un paso importante en la protección del consumidor, debemos reconocer que no ha dado los frutos pretendidos. El fallo bajo análisis es un fiel reflejo de esta circunstancia. A nivel mundial, particularmente en los Estados Unidos, cientos de avisos se publican anualmente identificando fallas, defectos o vicios en productos comercializados en aquel país. Muchos de esos productos se comercializan en el nuestro también y sin embargo nada se publica en nuestras tierras. Ya hemos expresado cuales son algunos de los motivos que a nuestro entender motivan tal circunstancia. Volveremos sobre ellas más adelante.

Varias cuestiones se deben tener en cuenta para analizar el art. 4 del decreto 1798/94. Siguiendo a Tallone, sostenemos con él que “el deber de informar y advertir no se agota en la puesta en circulación de un producto, sino que persiste con base en el deber de seguir y observar el producto en relación a los riesgos que pudieran manifestarse o conocerse después de su puesta en circulación”(1).

Esos riesgos deben ser comunicados en forma inmediata tanto a la autoridad competente, como al consumidor. No desconocemos que en muchas ocasiones existe superposición de autoridad sobre determinados productos que se comercializan. Creemos que esto debe ser tenido en cuenta por el proveedor, quien deberá notificar a todas las autoridades que tengan competencia en relación a la comercialización de un producto. Desde el punto de vista de la protección del consumidor, indefectiblemente debe notificarse a la Secretaría de Comercio Interior a nivel nacional y a las autoridades locales de cada jurisdicción donde el producto peligroso se comercializa. Pero además, existen otras “autoridades competentes” que deberán ser notificadas. Así, por ejemplo, la Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Medica (ANMAT) debe ser informada cuando los riesgos provienen de productos regulados bajo su orbita.

La norma también prevé que la notificación debe ser suficiente, particularmente en lo que a los consumidores se refiere, sin indicar qué debe considerarse por “suficiente”. Sostenemos que una comunicación de este tipo es suficiente cuando existen razonables indicios de que se ha logrado informar a la totalidad de la población que use o consuma el producto “peligroso”.

El primer aspecto a tener en cuenta a la hora de evaluar la suficiencia de la notificación a consumidores tiene que ver con el tipo de producto involucrado. Nuestra experiencia nos demuestra que en muchas ocasiones estos avisos son enviados a personas determinadas, como son los integrantes de la cadena de distribución para que ellos a su vez la trasladen al consumidor final. También se remiten a consumidores identificados como usuarios del producto en cuestión. Sin embargo, consideramos que este tipo de comunicación no es “suficiente” en los términos requeridos por la norma, porque no alcanza al público general. Diferente es el caso de productos donde el fabricante puede determinar exactamente donde se encuentra cada uno de los productos defectuosos y quien los utiliza (2).

En el caso analizado VW seguramente tomó de su base de datos el nombre y domicilio de los compradores de unidades incluidas dentro del grupo de vehículos con defectos en el sistema de ABS y posiblemente les remitió una nota informándoles que debían concurrir a un concesionario oficial para realizar la reparación. Asimismo, debe haber informado a los concesionarios oficiales que alerten a los usuarios sobre tales defectos. El fallo también da cuenta de la publicación de la noticia en un boletín de la compañía. Sin embargo, no es difícil darse cuenta que la notificación fue insuficiente. Existen innumerables usuarios que adquieren vehículos de segunda mano, se han mudado de domicilio y/o reparan sus vehículos en talleres no oficiales. En consecuencia, estos consumidores no fueron informados, por lo que las notificaciones remitidas no cumplen con la exigencia normativa.

El tipo de comunicación también esta estrechamente relacionado con el grado de peligrosidad identificado por el proveedor. La ANMAT, siguiendo a la Food and Drug Administration (FDA) de los Estados Unidos, ha clasificado el riesgo en:

—  Clase I: riego grave para la salud de los consumidores, con evidencia documentada de muerte o de consecuencias adversas severas en la salud. El producto no debe consumirse, debiendo recuperarse incluso los productos que se encuentran en poder del consumidor.

—  Clase II: probabilidad razonable de consecuencias adversas temporarias y/o reversibles en la salud de las personas.

—  Clase III: no representa un riesgo apreciable para la salud del consumidor pero si constituye una infracción. La comunicación emitida deberá estar asociada también al nivel de distribución del producto. Deberá tenerse en cuenta si se trata de un producto que fue comercializado por un largo periodo, o si por el contrario es un producto recientemente lanzado al mercado; cantidad de unidades comercializadas; y distribución geográfica, entre otras cuestiones particulares asociadas a la venta de cada producto.

Por último, deberá tenerse en cuenta el tipo de consumidor al que fue dirigido el producto. La información brindada no podrá ser la misma, ni ser presentada de igual forma cuando un producto es comercializado a subconsumidores (3) o a un consumidor especializado (4).

Como consecuencia de lo expuesto creemos que no todos los productos y las comunicaciones deben ser iguales, y su suficiencia dependerá de un sinnúmero de factores que deberá analizarse en cada caso en particular.

Sin perjuicio del análisis anterior, la notificación tanto al consumidor como a la autoridad de aplicación, deberá contener como mínimo: i) información sobre el proveedor, incluyendo algún medio para contactarlo en relación al producto en cuestión; ii) descripción del producto, incluyendo pero no limitado a denominación de venta, denominación de fantasía, tipo, tamaño, número de lote, cantidad de productos incluidos en la alerta, fecha de fabricación y de vencimiento, número de serie y cualquier dato adicional para la correcta individualización del producto: iii) región donde el producto fue comercializado; iv) información relacionada con el peligro que presenta el producto; v) incidentes reportados; vi) autoridades informadas sobre la peligrosidad del producto; vii) existencia de una campaña de retiro voluntario del producto del mercado y en su caso, información al respecto.

Más allá de lo acertado de la norma, creemos que se ha quedado a mitad de camino y el legislador no ha visto la necesidad de regular expresamente el retiro de productos defectuosos del mercado (también conocido como “recall”). Informar sobre la peligrosidad de un producto no necesariamente implica que el proveedor se encuentre obligado a retirarlo del mercado. Sobre este aspecto creemos que deberá avanzar la legislación que protege al consumidor.

V. El retiro de productos del mercado 

En nuestro país la ANMAT ha publicado manuales — consecuencia de diferentes disposiciones del organismo de control (5)—  con recomendaciones para el retiro de productos del mercado. Si bien fueron redactados para productos cuya regulación se encuentran bajo su órbita, (6) estos manuales pueden ser utilizados como guía para cualquier proveedor que voluntariamente decida retirar un producto del mercado.

A continuación hacemos referencia a algunos de los elementos más importantes que deben estar presentes en todo procedimiento de retiro de un producto del mercado.

a) Trabajo coordinado: Lo primero que deberá tenerse en cuenta es que, más allá de la denuncia pertinente, en determinadas circunstancias — cuando exista un riesgo para la salud del consumidor—  es esencial trabajar de forma coordinada con las autoridades gubernamentales, ya sea a nivel nacional, provincial o municipal, para obtener un mejor resultado en el menor tiempo.

b) Identificación del problema: Las razones que dan origen a la decisión de retirar un producto del mercado pueden ser múltiples y varían de un caso a otro. En consecuencia resulta imposible contemplar todas y cada una de las situaciones que pueden presentarse. Sin embargo, todas las acciones deben ser dirigidas a impedir que el producto se distribuya al consumidor final y recuperar efectivamente los productos distribuidos en el mercado, incluso aquellos que se encuentran en manos de consumidores, si es que se considera necesario.

Esa necesidad de retirar un producto del mercado puede originarse a partir de:

1. Denuncias, reclamos o quejas provenientes de diversos sectores (consumidores, distribuidores, organismos públicos, organizaciones no gubernamentales, etc.).

2. Actuaciones de la administración pública.

3. Incidentes que involucran el uso del producto, a nivel nacional o internacional.

4. Resultados adversos en ensayos realizados sobre el producto una vez puesto en circulación.

c) Procedimiento: El retiro deberá realizarse en el menor tiempo posible para minimizar la exposición de los consumidores a productos que puedan representar un riesgo para su salud. Este procedimiento debe ser documentado desde su comienzo. Requiere de mecanismos bien organizados, idealmente preestablecidos en algún manual interno de la empresa o en un plan de retiro. La ANMAT recomienda que todos los elaboradores, fraccionadores y envasadores — independientemente de su volumen de producción—  como así también los distribuidores mayoristas e importadores deben tener planificado un sistema de retiro de productos del mercado.

d) Profundidad del retiro: Para cada caso particular se debe determinar el nivel dentro de la cadena de distribución hasta el que se hará extensiva la acción de retiro, conforme el grado de riesgo que pueda significar el producto involucrado, los canales de distribución utilizados y la extensión de la distribución. Esto determinara cuan profundo debe ser el retiro (nivel mayorista, minorista o consumidor final). En igual sentido, deberá tenerse en cuenta la distribución geográfica del producto (si fue distribuida en una sola jurisdicción o en más de una.

A los fines de una rápida identificación de los integrantes de la cadena de distribución es recomendable que todo elaborador tenga un registro actualizado de distribuidores y clientes. Asimismo es recomendable tener un registro de iguales características de los proveedores de materia primas, a los fines de informarles sobre las posibles deficiencias de las materias entregadas.

e) Medición de resultados: Es necesario que la empresa que retira un producto del mercado pueda medir los resultados de cómo está llevando a cabo el retiro. Una acción de este tipo seria por ejemplo corroborar con distribuidores si han recibido adecuada información sobre el retiro, o medir cuantos productos pudo recuperar del lote involucrado. La autoridad de aplicación podría exigirle al fabricante que rinda cuentas en este sentido.

Es necesario también notificar a la autoridad de aplicación sobre la finalización de las acciones de retiro y cualquier eventual resultado de la investigación llevada a cabo por el fabricante relacionada con el incidente.

f) Disposición final: Por último, la empresa deberá tener un plan de disposición final de los productos recuperados, debiendo ser identificados correctamente para evitar que se vuelvan a introducir en el mercado.

VI. Incumplimiento de la obligación legal 

Ya hemos mencionado los motivos por los cuales creemos que las empresas multinacionales deciden informar a las autoridades sobre los problemas que presentan para los consumidores los productos que fabrican en ciertos países y no en el nuestro. Estas conductas generan que productos que han sido retirados del mercado en otras partes del mundo circulen libremente por el nuestro. Los conceptos que analizamos a continuación pueden ser aplicados también a la industria nacional, la que en muchas ocasiones tampoco denuncia todos y cada uno de lo defectos que contienen sus productos.

a) Información al consumidor: Existe una deficiente educación del consumidor. Uno de los principales motivos por los cuales no se procede al retiro del mercado de productos defectuosos podemos atribuirlo a la falta de información que el consumidor tiene de su derecho a reclamar. Si bien en número de denuncias que los consumidores realizan a diario se fue incrementando en los últimos años, la gran mayoría de los consumidores no denuncian o no ejercen sus derechos adecuadamente. No es intención de este trabajo analizar estas cuestiones, pero creemos que un mayor número de denuncias generaría — tanto en la autoridad de aplicación como en el proveedor—  una mayor conciencia de la necesidad de retirar productos defectuosos del mercado. Hoy en día para cualquier proveedor es más fácil y económico reparar los daños producidos o reemplazar el producto de los consumidores que reclaman, que iniciar una campaña informando los peligros que un producto por ellos fabricados puede ocasionar a los consumidores y proceder al retiro del mercado.

b) Falta de control: No caben dudas de que un mayor control por parte de la autoridad de aplicación generaría una respuesta favorable frente a situaciones como las descriptas en el fallo que comentamos. Más allá del control sobre los productos que alcanzan el mercado de consumo y de su proceso de fabricación (a nivel nacional como en productos importados), es inexplicable como la autoridad nacional no ha logrado generar mecanismos para informarse sobre los productos que fueron retirados del mercado en otros países. Algunas herramientas fueron creadas (7), pero limitadas a ciertos productos.

A modo de ejemplo de lo anterior podemos citar los cientos de productos que se retiran del mercado de los Estados Unidos o de los países de Europa, muchos de los cuales son vendidos en nuestro país y sin embargo nada se hace al respecto. Lo mismo ocurre con Brasil, particularmente en la industria automotriz donde los productos o las partes utilizadas en los diferentes modelos generalmente son los mismos que los utilizados en nuestro país y sin embargo — como vemos del fallo comentado—  no se le da igual tratamiento.

En este sentido alentamos la conducta seguida por la autoridad de aplicación en este caso. Es que en muchas ocasiones, las denuncias particulares de consumidores dan indicios o son indicadoras de determinados incumplimientos que deberían dar origen a actuaciones de oficio como la analizada.

c) Consecuencias por incumplimiento: Al no existir un control suficiente es difícil que el incumplidor sea sancionado adecuadamente. Como consecuencia de ello, las empresas prefieren incumplir. De nuevo, el fallo comentado es prueba fehaciente de ello.

d) Interpretación: Nos referimos en este punto a la interpretación que le ha dado la jurisprudencia de nuestros tribunales al retiro voluntario de productos del mercado. Casi en forma unánime, donde se ha discutido la responsabilidad por daños ocasionados por supuestos vicios de un producto retirado del mercado, esa conducta del fabricante fue considerada como un reconocimiento de ese vicio y en consecuencia como una admisión tasita de responsabilidad (8).

Si bien es cierto que en determinadas circunstancias el retiro voluntario de productos del mercado puede indicar que el producto pudo haber ocasionado daños, no debería generalizarse esta interpretación y menos aun usarla para responsabilizar al fabricante por vicios o defectos en el producto. Retirar un producto del mercado no debe ser indicativo — per se—  de que el producto posee un vicio o defecto pasible de ocasionar daños. Interpretaciones como ésta podrían enviar un mensaje negativo a los proveedores, que ante situaciones similares encontrarían incentivo para evitar informar sobre la peligrosidad de un producto a los consumidores, por temor a que sus conductas puedan tener consecuencias jurídicas adversas. Este tipo de interpretaciones iría en contra del propio sistema de protección al consumidor.

Por el contrario, se impone incentivar a los proveedores a denunciar e informar, aunque en esos casos deberán tratar de “destruir” presunciones como la indicada. De lo contrario, seguirán corriendo el riesgo de que su comportamiento se interprete como reconocimiento tácito del vicio.

En los Estados Unidos — quizá la jurisdicción que más experiencia tiene en este tema—  esta cuestión fue expresamente prevista por el legislador. Así, la ley de defensa del consumidor (Consumer Protection Saftey Act) y la ley que regula los alimentos, medicamentos y cosméticos (Food, Drug and Cosmetic Act) expresamente preven que la información brindada en relación a la inocuidad de un producto no puede ser interpretada como una admisión de que el producto involucrado haya funcionado incorrectamente, haya causado o contribuido a causar daños (9).

VII. Conclusión 

La legislación vigente no contiene suficientes normas — más allá de las comentadas en los párrafos precedentes—  que establezcan cuándo y cómo un consumidor debe ser informado de los peligros, vicios o defectos detectados después de que un producto fue introducido en el mercado. Tampoco existen normas que prevean el retiro de productos del mercado. Como hemos dicho, el art. 4 de Decreto reglamentario 1798/94 nada dice al respecto. Seria primordial que se cree una norma general que indique cuándo un producto debe ser retirado del mercado. Idealmente esta norma debería contener los procedimientos mínimos que debería respetar la empresa que retira el producto del mercado. En este sentido, podríamos seguir a nuestro vecino país Brasil, que tantas veces no ha servido de inspirador de normas, o a las legislaciones de los diferentes países de la Comunidad Europea, o a los Estados Unidos de América.

Creemos que la autoridad de aplicación tendría que repetir las acciones llevadas a cabo en el fallo comentado. Las denuncias de los particulares son una fuente inagotable de información sobre las conductas que siguen los proveedores de bienes y servicios peligrosos para la salud de los consumidores. En igual sentido, es indispensable la generación de bases de datos que identifiquen los productos que fueron retirados del mercado para que los consumidores tengan un fácil acceso a esa información.

Asimismo, alentamos la generación de convenios multilaterales, similares a los que ya existen en el MERCOSUR para determinados productos, que prevean la comunicación entre estados sobre el retiro de productos del mercado.

Por último, será necesario educar a consumidores y proveedores para que tomen conciencia de la necesitada de que estas prácticas comiencen a desarrollarse en el país al igual que se hace en el resto del mundo.

 (1) Tallone, Federico C. “Responsabilidad civil por productos elaborados”, en Bueres – Highton, “Código Civil”, t. III-B, p. 346.

 (2) Muchas empresas que venden implantes médicos conocen con exactitud los datos del paciente en que fue implantado y quien es el médico que lo controla o le hace el seguimiento de rutina.

 (3) Subconsumidores son los consumidores particularmente débiles como los niños, ancianos y analfabetos (Andorno, Luis O. “Responsabilidad por daño a la salud o la seguridad del consumidor”, en “La Responsabilidad”, Homenaje al Profesor Doctor Isidoro H. Goldenberg, (Atilio Aníbal Alterini y Roberto M. López Cabana, Directores), Abeledo Perrot, p. 488).

 (4) De nada sirve publicar información en el sitio web del proveedor cuando el producto es comercializado entre ancianos.

 (5) Por ejemplo la Disposición 1402/08 que aprueba el procedimiento para el retiro de productos farmacéuticos, productos de higiene personal, cosméticos y perfumes del mercado.

 (6) Drogas, medicamentos, alimentos, productos médicos y cosméticos principalmente.

 (7) La Disposición 2321/2002 de la ANMAT aprueba el documento “Obligatoriedad de comunicación entre los estados parte del MERCOSUR sobre el retiro de medicamentos del mercado”.

 (8) Entre otros: C. Civ. Com. Trab. y Familia Bell Ville, 20/11/1992, “Bisutti, Luis v. Cooperativa Agropecuaria San Martín de Camilo Aldao Ltda. y otro”, JA 1994-II-186. C. Nac. Civ., sala I, 28/8/2003, “Mirás, Fernán Gonzalo v. Grupo 3 Servicios S.A. y otro s/daños y perjuicios”, LL 2003-F, 456; JA 2003-IV-253. Juzgado Civil y Com., 3a. Nominación, Rosario, 19/5/2008, “Santamaría, Hector Daniel y otro v. Rayco S.R.L. s/daños y perjuicios”, LLLitoral 2008 (agosto) 795.

 (9) (16 CFR section 1115.4 (2009)) y (21 CFR section 379v).